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El gobierno municipal anunció que no se podrá entrar ni salir de la localidad por el plazo de 15 días. Esta decisión fue simultanea a una orden judicial que procedió al cierre preventivo del frigorífico Serviave por 14 días, en virtud de posibles contagios por Covid 19, luego que un trabajador diera positivo el correspondiente test.
Serviave es un ejemplo más de miles de fábricas en el país que no implementaron ningún protocolo de higiene y seguridad laboral durante los 70 días de cuarentena: sin distanciamiento, sin reducción de la velocidad de producción, sin alcohol en gel y sin tomar temperatura. La patronal los abandonó al contagio
El Estado municipal y provincial son responsables porque saben de las condiciones de hacinamiento bajo las que se trabajó estos dos meses y medio (y que vienen de larga data). El intendente de San Justo, Fernando Viganoni, pidió en su discurso que «todos se queden en casa» cuando sabe que si no se concurre a trabajar no les pagarán con la excusa de que no se produjo o los echarán, porque los patrones ya tienen una reserva de trabajadores para precarizar y superexplotar en el “banco de suplentes” esperando por un pedazo de pan en medio de una crisis económica que se agudiza.
No se realizan los testeos a todos los trabajadores en cuarentena ni a los posibles contactos de los que están dando positivos, planteándoles que si tienen algún síntoma llamen al 107 y avisen.
San Justo no necesita la presencia de las fuerzas represivas para transformar al pueblo en un gueto, necesita asistencia sanitaria y económica integral, como también testeos a todas las familias, presencia de personal de salud y alimentos.
El Estado debe garantizar que todos los trabajadores reciban su salario en tiempo y forma por parte de las empresas donde están trabajando y que por esta situación no pueden concurrir. De no ocurrir esto, el gobierno municipal, provincial y nacional, tienen que otorgar un subsidio de $ 30.000 a cada trabajador ocupado y además, también a los desocupados mientras dure la pandemia.
