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El Colegio de Abogados de Entre Ríos llevó los reclamos al Superior Tribunal
Las Secciones del CAER representadas por sus autoridades, presentaron hoy ante el Magistrado que ejerce la superintendencia de cada jurisdicción, el comunicado que elaboró el Colegio de Abogados de Entre Ríos peticionando el inmediato restablecimiento del Servicio de Justicia.
Asimismo, el Presidente del CAER, doctor Alejandro Canavesio realizó la misma presentación ante el presidente del Superior Tribunal, doctor Martín Carbonell.
En el encuentro mantenido con el doctor Carbonell, el presidente del CAER explicitó el contenido del documento y propuso medidas concretas para ampliar la habilitación de procesos que la ciudadanía requiere.
Se propuso que, a través del diálogo y con propuestas superadoras del estado actual de funcionamiento, se puede avanzar hacia el pleno restablecimiento del servicio de Justicia.
Ante lo peticionado se sumó a la reunión el Ing. Omar Pagliotto, Encargado de la Oficina de Informática del STJ con quien se abordó las posibles pautas de trabajo para el efectivo funcionamiento del sistema de presentación electrónicas de escritos.
Obtuvimos el compromiso personal del presidente del Alto Cuerpo de lograr un mayor funcionamiento de la justicia y es nuestra aspiración lograr que a partir de la próxima semana se amplíen los temas ya habilitados.
Comunicado
El servicio de Justicia es esencial para la sociedad y debe ser reestablecido
El Colegio de Abogados de Entre Ríos, y todas las Secciones que lo integran, reiteran que el servicio de justicia es “esencial” para la vigencia de los derechos humanos en una sociedad democrática y que no hay razones para la continuidad de la suspensión de plazos, por lo que una vez más exigimos la apertura de los organismos judiciales para brindar el servicio público en la totalidad de los procesos judiciales.
Desde el CAER queremos remarcar que consideramos a la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia como un sorpresivo retroceso y contrario a lo ya decidido por el propio Tribunal y por otros poderes del estado entrerriano.
Afirmamos que la realidad social nos hace observar QUE ESTA dilación sine die impide a los ciudadanos el acceso a la justicia para peticionar por sus derechos y el pleno ejercicio profesional, siendo insuficiente el fundamento sanitario.
Existió razonabilidad y oportunidad en las adecuadas medidas sanitarias adoptadas en procura de poner en resguardo el bien más preciado, cual es la vida de los entrerrianos, las que resultaron incuestionables frente a la gravedad de la crisis epidemiológica. Pero esas medidas ya se adoptaron y se han internalizado en todos los operadores judiciales, hace 60 días. Ya se realizó el sacrificio individual y colectivo que la situación demandaba y la resignación temporaria de derechos en aras del bien común. Hoy, todas las personas que concurren a los tribunales provinciales están resguardadas por optimas medidas sanitarias que procuran el distanciamiento físico entre personas y con los “papeles”.
Consideramos que, dadas las circunstancias y el contexto actual, NO HAY FUNDAMENTO ALGUNO que justifique otra prórroga más de la suspensión de plazos procesales para determinados juicios como se decidió. El estancamiento de los procesos judiciales afecta el acceso a justicia y la continuidad de los expedientes ya en trámite, lo que ineludiblemente provocará una obstrucción de las causas en el futuro, y una acumulación de procesos no resueltos y las nuevas presentaciones.
Los servicios públicos fundamentales del estado entrerriano están realizando tareas. Se puede observar con el personal de los poderes
Ejecutivos y Legislativos, el personal de la salud pública, de las fuerzas de seguridad, de la educación. Lo mismo para los servicios prestados por todos los municipios. También en el ámbito privado de la salud, el servicio de transporte público, la cadena alimentaria, etc., etc.
Creemos que mencionar la cuestión de honorarios y la imprecisión del supuesto y dudoso porcentaje en juego, forma parte de una falacia para desviar del debate el punto principal, el restablecimiento pleno del servicio público esencial de justicia y las necesidades de reconocimiento de derechos que tiene la ciudadanía entrerriana. Recordando que los honorarios depositados con anterioridad a la declaración del aislamiento son la justa retribución de nuestro trabajo, poseen carácter alimentario y por derecho nos corresponden.
En orden a lo expuesto, no cabe sino concluir que el servicio público de justicia constituye una obligación tan esencial como indelegable por parte del estado provincial, cuya restricción por razones de emergencia sanitaria, no puede extenderse ilimitadamente en el tiempo sin que sus consecuencias se tornen lesivas a valores fundamentales del estado constitucional cuya protección también debe prodigarse en justa medida. La administración de justicia debe volver a funcionar ya¡¡
Durante la “cuarentena”, la vida continua y los conflictos sociales también emergen. Cuestiones familiares, patrimoniales, laborales, accidentes, etc., pueden provocar la tensión y la pugna de derechos, propios de la justicia común y los mismos no pueden ser conducidos y solucionados, produciéndose graves casos de indefensión e injusticia.
Les pedimos a señores jueces que escuchen los reclamos sociales y retomen la totalidad de las tareas judiciales. Desde distintos sectores políticos de la oposición y del oficialismo se han manifestado en la necesidad de garantizar la tutela judicial continua y efectiva y el acceso a la jurisdicción, tal como lo indica el mandato constitucional del artículo 65.
CARLOS OMAR PACHER ALEJANDRO DANIEL CANAVESIO
SECRETARIO PRESIDENTE
COLEGIO ABOGADOS DE ENTRE RIOS COLEGIO DE ABOGADOS DE ENTRE RIOS
