Doctora Caccioppoli: “Considero que no fue buena la decisión de no cambiar de lugar al juez Rossi” | 03442.com.ar

Doctora Caccioppoli: “Considero que no fue buena la decisión de no cambiar de lugar al juez Rossi”

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Conocida la posibilidad de que el homicida Nicolás Emanuel Martínez, hoy de 32 años de edad, pudiera ser beneficiado con la prisión domiciliaria a raíz de un problema de salud mental, muchas fueron las voces que se sumaron en apoyo a la familia de las víctimas de aquel horrendo crimen ocurrido el 16 de diciembre del 2009.

El solo hecho de pensar de que el mismo juez que diera la libertad a Sebastián Wagner, podría decidir sobre esta situación, generó malestar y temor por lo que este sujeto podría llegar a hacer si sufriera uno de esos “ataques” o si se diera a la fuga.

Por eso 03442, entrevisto a la  Dra. María Isabel Caccioppoli, abogada de casos resonantes en representación de victimas en las querellas de lesa humanidad en las mega causa “HARGUINDEGUY ALBANO Y OTROS S/ INFRACCION ART. 151 y conc del CP” y de la causa “MAZZAFERRI DARIO S/ infracción art. 151 del C.P, como así también con participación activa en asociaciones de víctima de delito en Concepción del Uruguay.

Consultada sobre cuál es su opinión referente a la noticia publicada en este sitio y que tuvo repercusión en numerosos medios de la provincia, la letrada dijo que “En principio,  voy a resalta sin entrar a valorar la actuación particular del juez Rossi en el caso Akrich y Adrian Rivero, porque hay que ser precavidos a la hora de hablar del desempeño de un juez, no conozco las instancias especiales del expediente, pero me llama poderosamente  la atención que una persona que cuenta con una enfermedad mental como es la esquizofrenia, es decir el condenado a perpetua por delito aberrante, por la muerte de dos vecinos de esta ciudad, el mismo debe poseer la asistencia psiquiátrica pertinente y medicación adecuada, pero no entiendo porque disponer una medida que no está prevista en la ley de ejecución de penas.  No lo comprendo, considero que debería el Juez Rossi arbitrar todos los medios necesarios, es decir mandar en principio a determinar por medios fehacientes, clínicas especializadas en salud mental, el real estado de salud de quien cumple una condena de prisión perpetua. Esta vez debería utilizar otros mecanismos para determinar la real patología del condenado”.

La doctora Caccioppoli, agregó que “En este caso, el art. 33 de la ley 24660 ejecución de pena privativa de la libertad dispone claramente que el condenado mayor de 70 años o el que padezca una enfermedad incurable en su periodo terminal, podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, por resolución del juez de ejecución de penas o juez competente…” la ley es del año 1996 dicha norma legal cuenta con varias modificaciones. Puede ser que el condenado resultara peligroso para sí, para su familia o para terceras personas. A contrario de lo que establece el juez de ejecución de pena de Gualeguaychú, como fundamento determinante para que el condenado cumpla con condena domiciliaria seria su estado de salud mental, pero hoy de hecho en el Derecho Civil hablamos de capacidad es decir antes decíamos insano ahora restringido en su capacidad, prevalece la capacidad, y no la incapacidad, en ese contexto a raíz de las nuevas modificaciones del Código Civil, me parecería atinado tomar una serie de medidas previas que resultan sumamente importantes para la determinación de su real estado de capacidad. Incluso cuando comparo la actuación de una juez de Santiago del Estero, donde solicitó la colaboración de los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un respetado centro de asistencia pericial en la Argentina, a efectuar 3.000 muestras de ADN, para la determinación del crimen de Marito Salto. No comprendo cómo un juez que sabe que todo lo que decida desde su exoneración del Juri, va a ser condenado socialmente por cualquier resolución que efectué, más aun en casos aberrantes como el caso Akrich, entiendo que debería ser más prudente y tomar mayores medidas en cuanto al efecto de sus resoluciones”.

Derechos de las víctimas

La abogada fue contundente al señalar además “Observo, como diariamente se vulneran los derechos de la víctimas, en nuestros Tribunales, y veo que muchas voces se alzan para discutir quien va a cubrir el cargo en la Cámara de Casación penal de Concordia, pero veo pocas voces que defiendan a los familiares de las víctimas dentro del proceso penal. Creo que en ese sentido hay deudas sociales que no contribuyen a la anhelada paz social, por ejemplo de los legisladores que no han reglamentado institutos importantísimos con es el Juri de Enjuiciamiento, y demás institutos cuya reglamentación requiere premura, y es una deuda de los jueces no aplicar la Constitución Provincial, observando lo que dispone en los Artículos 65 y 32 que expresamente dice “El estado asume el deber irrenunciable la seguridad ciudadana mediante políticas de prevención del delito y de asistencia a la víctima”. También diría que sería sabio disponer que los cargos del Poder Judicial debe nombrarse con concursos previos, producida la vacante se debe nombrar a quien ha demostrado idoneidad para el cargo. Si bien tengo afecto por el Sr. Gobernador pienso que las publicaciones donde dispone que cual o tal funcionario del ejecutivo, debe ser nombrado juez de Familia, sin contar con la mínima formación y/o especialización que la materia requiere.  Esto no le hace bien a los ciudadanos porque podrían recibir menor calidad de Justicia de la que se merecen y pagan, con los impuestos y además ayuda a disminuir la falta de credibilidad del sistema judicial”.

“Desde mi humilde opinión, la Constitución provincial en su art. 65 dispone claramente “la tutela judicial efectiva”, para lo cual entiendo que la víctima es parte dentro del proceso penal porque es denunciante, y por lo tanto le asisten las mismas o idénticas garantía con las que cuenta el imputado, el derecho a ser escuchado, el derecho a contar con asistencia legal gratuita. Aunque hoy veo con estupor que diariamente los fiscales provinciales mandan a archivar denuncias de los ciudadanos entrerrianos, informándoles que pueden recurrir vía recurso de revisión la resolución de archivo de las actuaciones, sin embargo no veo que en ningún momento el mismo poder judicial le arbitré al ciudadano denunciante,  un asesor legal gratuito para hacer valer su derecho, lo cual no solo es una violación a la garantía claramente establecida en el mencionado artículo, sino una violación a las convenciones interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ( Belem do Para)”, explicó Caccioppoli.

Por otra parte la profesional señaló “Las personas que sufren un delito o los familiares de las victimas tiene derecho a ser asesoradas, acceder a la justicia, recibir protección y ser escuchadas durante el proceso penal y en la etapa de ejecución de pena. La víctima de delito debe ser escuchada, y me atrevería a decir que su opinión fundada debe ser relevante para el juez, siempre que se trate de un cambio o modificación de la situación de encierro dispuesta por un Tribunal competente, como salidas transitorias, prisión domiciliaria, libertad asistida, etc.( aplicando criteriosamente el art. 32 de la C.P, y dejando de lado normas inconstitucionales de la ley 24660). Además considero que no fue buena la decisión de no cambiar de lugar al juez Rossi, la presión de la comunidad sobre su trabajo va a ser constante, porque para la comunidad no hubo Justicia, en el caso Micaela. No creen en esta justicia, y lo digo con mucho dolor, porque detrás de cada víctima hay una familia, que reclama justicia, y es algo que todos los ciudadanos debemos evitar, quizás ahora se tome más conciencia de lo que sucede en la Justicia, los ciudadanos se informan mas, así que hay que recurrir a genuinos estándares de justicia”.

Finalizando la nota, dijo “Creo que hay sectores judiciales, que deben cambiar, por el bienestar de todos, pero resalto que hay un gran esfuerzo del Dr. Castillón en cambiar algunos paradigmas, que el ciudadano puede percibir, inmediatamente cuando ingresa a Tribunales, los horarios de trabajo se controlan más, y hay una administración austera de los gastos, pero sin embargo falta mucho trabajo en garantizar el derecho que la ley fija para las víctimas o los familiares de víctimas,  que por hoy están sin amparo legal alguno en nuestra provincia”.